Nota
Técnica
Número 22
Junio 2016
B 21662-2012
Brasil, un país de futuro incierto
Carlos Malamud
La crisis política brasileña influye negativamente sobre la economía del país y retroalimenta sus dificultades. El posible impeachment a la presidente Dil ma Rousseff, actualmente en trámite en el Senado, ha aumentado la sensación de dramatismo y de fin de ciclo que vive Brasil.
Una reciente encuesta de Ipsos señala que sólo el 5% de los brasileños aprueba la gestión de Dilma Rousseff, que un 61% apoya el impeachment en su contra y que un 94% cree que el país marcha en la dirección inadecuada. Estas cifras reflejan claramente el estado de la opinión pública respecto a la dramática coyuntura política de Brasil. Según otras mediciones se puede ir un poco más allá, ya que si bien no se ve con buenos ojos al actual gobierno, tampoco hay demasiado optimismo con las diversas opciones existentes, comenzando por el materializado desembarco del vicepresidente Michel Temer en el Palacio del Planalto, la sede de la Presidencia.
Este contexto ahonda el sentimiento de frustración de una sociedad muy golpeada por la corrupción, pero que todavía sigue pensando mayoritariamente en el poder regenerador de la justicia, y que simultáneamente debe afrontar los embates de una economía en franco retroceso. Aquí, las cifras son contundentes. Después de años de claro crecimiento (durante los gobiernos de Lula, entre 2003 y 2010, Brasil creció a una media anual del 4,1%), ha llegado la recesión. En 2015 el PIB decreció un 3,8% y se estima una caída similar para 2016. La recuperación recién comenzaría a sentirse en 2017, con un tímido incremento del 0,3%.
La inflación está en niveles muy altos para la reciente historia monetaria de Brasil, que mantiene el recuerdo de la hiperinflación de fines del siglo pasado. El 2015 se cerró con una tasa anual de 10,67%, que superó ampliamente la meta del 6,5% fijada por el gobierno. Si bien a principios de abril ésta se redujo al 9,34%, reforzando una tendencia iniciada en el mes anterior, todavía había que recorrer un largo camino para hablar de normalidad. Según la CEPAL, el déficit primario del sector público en 2015 supuso el 2% del PIB y el déficit global superó el 10% del PIB. Este clima de colapso se vio agravado por la sensación de parálisis, ya que las cifras de desempleo habían alcanzado el 10,2% en febrero. A lo largo de 2015 el paro aumentó un 40,1% y alcanzó la importante cifra de 10,4 millones de desempleados.
Es cierto, sin embargo, que las dificultades económicas hunden sus raíces en diversos elementos objetivos que han incidido en la coyuntura de un modo incuestionable. Entre ellos destacan el hecho de que el crecimiento basado en el mercado interno hace tiempo que tocó techo, que el proceso de reprimarización de exportaciones que tantos beneficios produjo en la época de las vacas gordas ahora está siendo un lastre bastante oneroso, o que las políticas redistributivas y los abundantes subsidios sociales pasan por grandes dificultades en períodos recesivos.
A esto se suma la gran dimensión de Petrobras, cuya delicada situación está pasando factura al conjunto de la economía, aunque no se puede achacar todo lo que ocurre a la corrupción y al mal manejo de la principal empresa energética brasileña. Pese a ello, y como coinciden en señalar diversos analistas, es indudable que la mayor parte de los problemas económicos se origina en la crisis política y el desgobierno. Un claro ejemplo es lo ocurrido con el ministro de Finanzas, Joaquim Levy, que debió renunciar ante las fuertes resistencias que encontró su plan de ajuste fiscal. Ahora bien, en el caso de que se pueda solucionar el bloqueo político existente, es posible una rápida vuelta a la normalidad.
¿Cuál es el origen de esta crisis política?
Obviamente no hay una causa única y omniexplicativa, pero, tras tres gobiernos consecutivos del Partido de los Trabajadores (PT), el inicio de un cuarto consecutivo del mismo signo instaló un cierto cansancio en la opinión pública. Los problemas del este «gobierno largo» del PT se multiplicaron por el escándalo de corrupción asociado a Petrobras, la principal empresa nacional. Las actuaciones judiciales de la operación Lava Jato afectaron a la cúpula empresarial y a la mayor parte de los partidos políticos, comenzando por los integrados en la coalición gubernamental. Esto también afectó la financiación de la campaña electoral de Rousseff, que ganó su elección en una reñida segunda vuelta, saldada con una estrecha diferencia de votos (sólo un 3,28% la separó de Aécio Neves, su rival del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
El malestar social ya se había manifestado en junio de 2013, en unas manifestaciones callejeras contra el aumento del transporte público, que enviaron un fuerte aviso a las autoridades. De algún modo, estas reacciones son en buena medida un reflejo de las demandas de los sectores medios ascendidos en la última década debido al boom exportador de las commodities. Este malestar se incrementó después de las elecciones de 2014, cuando se hizo evidente el engaño del gobierno sobre las dificultades económicas y la necesidad de implementar un duro programa de ajuste.
El rígido estilo de gobierno de Rousseff y su escasa capacidad negociadora, tanto con sus aliados como con sus adversarios, tampoco ayudó. Es más, fue un importante obstáculo para mantener unida a la heterogénea coalición de partidos que hacía posible el gobierno del PT. Durante la pasada campaña electoral ya habían surgido algunas dudas sobre la lealtad del Partido Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), el principal socio gubernamental del PT, en el nuevo mandato de Rousseff. Lamentablemente para sus intereses, la gestión política presidencial fue, cuanto menos, bastante cuestionable y provocó un creciente distanciamiento entre Rousseff y Temer, que finalizó con la ruptura de relaciones entre el PMDB y el PT. Con su actitud intransigente Rousseff permitió que dos personajes muy cuestionados política y éticamente, como Eduardo Cunha y Renan Calheiros, se hicieran con la presidencia del Congreso y del Senado respectivamente.
Recientemente la politóloga brasileña Sonia Fleury dijo que en Brasil no existen los puentes que permitan un diálogo entre el gobierno y la oposición, y que tampoco existen los líderes capaces de construirlos. En los últimos meses se han visto conductas totalmente irresponsables por parte de unos y otros. Algunos sectores opositores han insistido en la ilegitimidad del segundo gobierno de Rousseff prácticamente desde el día posterior a su ajustada victoria. Del lado del gobierno también se echó leña al fuego, al comparar el pedido de impeachment con un «golpe». Las cosas fueron a peor cuando se comenzó a hablar de forma irresponsable de «golpe de estado», o inclusive cuando más recientemente, tras la votación en el Congreso, Rousseff comparó el juicio político al que se la iba a someter con las torturas a las que fue sometida en su juventud por la dictadura militar.
Otro hecho que provocó una intensa reacción pública fue el intento, frustrado por la Suprema Corte, de nombrar al expresidente Lula Jefe de la Casa Civil, una especie de Jefe de Gabinete. Esto ocurrió tras su convocatoria a declarar ante la justicia y su traslado forzoso por la policía en medio de acusaciones de corrupción. Si el deseo de convocar a Lula, para cubrir el déficit negociador que sufre el gobierno, se hubiera producido meses o semanas antes no hubiera existido semejante reacción, que respondía básicamente a lo que se entendió como un intento de encubrimiento a un Lula acosado por la justicia.
Todas estas actitudes, como también las generadas por el lamentable show en que se convirtió la votación en el Congreso, sólo producen un descrédito mayor de las instituciones y alientan la crispación social y la polarización. Algún diputado, por ejemplo, durante la sesión cometió la grave irresponsabilidad de aludir favorablemente a los militares violadores de los derechos humanos durante la pasada dictadura militar. En un Congreso de 513 diputados y muy fragmentado en 25 grupos políticos distintos, el papel de los parlamentarios de a pie, coloquialmente denominados «bajo clero» en la jerga parlamentaria brasileña, llega a ser marginal en contraposición con el protagonismo de los «cardenales», los portavoces con mayor exposición política y mediática. De ahí que muchos de los primeros pensaran que durante la votación del domingo 17 de abril estaban viviendo su minuto de gloria.
¿Qué puede ocurrir a partir de ahora?
El fin del gobierno Rousseff puede llegar bien a través del juicio político, sustanciado por la vía parlamentaria, o bien por la vía judicial, en caso de fallarse contra el gobierno la demanda iniciada por financiación ilegal de la campaña electoral. Tras la resolución del Congreso y del Senado, que es el llamado, según la Constitución, a entender en el juicio político contra el presidente –en caso de cometerse un delito de responsabilidad, que es lo que ocurre con Rousseff–, ha comenzado la tramitación del juicio político. Este delito de responsabilidad sólo alude al maquillaje de las cuentas fiscales y no tiene nada que ver con la corrupción, por más que muchos intenten vincular una cosa con la otra.
Lo primero que hizo el Senado fue convalidar la resolución de los diputados. En este caso, sin embargo, sólo se necesitaba una mayoría simple de la mitad más uno de los votos, lo que contrasta con los dos tercios requeridos en el Congreso de los Diputados. Finalmente la propuesta de enjuiciamiento salió adelante con 55 votos a favor y 22 en contra, una cifra más que suficiente para poder seguir adelante. Al ser habilitado el impeachment, la presidente fue relevada de su cargo por un período de seis meses, tiempo que el Senado tendría para expedirse. Si finalmente Rousseff es considerada responsable por dos tercios de los senadores se la apartaría definitivamente del cargo.
Al concretarse la separación temporal de Dilma Rousseff, el vicepresidente Michel Temer entró en escena. Tras jurar en su cargo, el presidente provisional nombró su propio gabinete, con el objeto de formar una amplia coalición y sacar su gobierno adelante. Dada la fuerte resistencia que provoca Temer, sobre el que pende igualmente la amenaza de un juicio político, su margen de maniobra es muy escaso. Carecerá del más mínimo período de gracia y un fracaso estrepitoso de su gestión podría condicionar incluso el voto contra Rousseff en el Senado.
Es en este contexto que cabe preguntarse por el futuro de las instituciones democráticas en Brasil. Lo primero que habría que señalar es que la democracia como sistema político no está en riesgo, y que más allá de las declaraciones altisonantes y de las manifestaciones callejeras a favor de unos u otros, no hay ningún indicio de involución y que los tres poderes siguen funcionando con normalidad. De ahí que se insista una vez más en el hecho de que la alusión al golpe es sólo un recurso retórico y defensivo por parte del gobierno y del PT. Esto implica que la gobernanza está garantizada y que las instituciones políticas, económicas y sociales seguirán funcionando normalmente en el corto y medio plazo. Dicho en otras palabras, business as usual, tanto en lo que se refiere al gobierno federal y, con más motivo, en lo que respecta a las gobernaciones y los ayuntamientos.
La justicia ha salido claramente revalorizada del caso Lava Jato y el magistrado Sérgio Moro se ha convertido en una especie de héroe popular. Buena parte de la opinión pública deposita en la judicatura las mayores esperanzas en la lucha frontal contra la corrupción y en la regeneración del sistema político brasileño. Por el contrario, los más afectados por la falta de confianza popular son el Parlamento, los partidos políticos e incluso el Ejecutivo, como evidencian diversos estudios de opinión.
El descrédito del Congreso se debe en buena medida al pasado poco honrado de buena parte de los diputados. De los 513 miembros del actual Congreso, 299 están o han sido imputados por corrupción o algún otro delito. Esto lo ha utilizado el gobierno para desacreditar la petición de impeachment. Sin embargo, la mayoría de ellos pertenecen al PMDB, ex aliado principal de Lula y Rousseff, al propio PT y a otros partidos más pequeños, bien del gobierno o de la oposición. A esto se agrega otro hecho preocupante que es la escasa fidelidad partidaria. Los cambios de grupos parlamentarios son una constante. El mismo fenómeno también se puede observar a nivel local o regional. Así, por ejemplo, el PT ha visto mermado en los últimos meses su número de alcaldes. De los 638 que fueron elegidos en la última elección municipal, 135 dejaron de serlo o fueron expulsados del partido, lo cual supone poco más del 20%. La mayor parte de los cuales decidió vincularse a otras siglas. La fragmentación política brasileña necesita una importante modificación del sistema político, algo que requiere un amplio consenso y que será difícil de lograr en un momento como el actual.
¿Son posibles unas elecciones anticipadas, como reclama parte del oficialismo?
Esta posibilidad podría surgir de la investigación que lleva adelante el Tribunal Superior Electoral (TSE) por financiación ilegal de la campaña de Rousseff y Temer. De haber una condena de culpabilidad se anularían las elecciones y deberían convocarse unas nuevas elecciones. Otra opción, mucho más remota que la anterior, es que prospere una petición de reforma constitucional, que debería ser aprobada por el Parlamento. Este supuesto requeriría un amplio consenso político, prácticamente inimaginable en un momento como éste.
En el supuesto de una nueva elección Lula podría presentarse como presidenciable. Algo que también podría ocurrir en 2019 en el improbable caso de que Rousseff finalice su mandato o en el más factible de que sea Temer quien lo haga. Una encuesta reciente de Datafolha señala que Lula sería el candidato mejor situado para unas próximas elecciones, con un 21% de respaldo popular, seguido de Marina Silva con el 19%. Ahora bien, el mismo estudio apunta a que el índice de rechazo de Lula, un 53%, es el mayor de todos los posibles aspirantes a la presidencia, lo que limita enormemente sus posibilidades, especialmente con un mecanismo de doble vuelta, como el de Brasil.
¿Cómo se saldrá de la crisis?
Es bastante difícil que cualquier solución que parta del impeachment resuelva la difícil coyuntura brasileña. Como apunta la encuesta de Ipsos reproducida al comienzo de este artículo, una amplia mayoría de los brasileños está descontenta con la deriva en que está inmerso su país. Esto implica que sólo unas nuevas elecciones podrán devolver algo de la racionalidad perdida. La excepción sería una gestión exitosa de un gobierno de Temer, lo que suena sumamente complicado.
Sin embargo, Temer podría hacer una doble contribución a la regeneración del sistema político brasileño. Por un lado, mantener el impulso a la causa del Lava Jato, cualesquiera que sean los damnificados por la acción de la justicia. Por el otro, su total apoyo a una profunda reforma institucional y legislativa que permita dejar atrás los frenos y las contradicciones que supone el presidencialismo de coalición actualmente imperante en Brasil. La fragmentación del sistema de partidos, hay más de 25 representados en el Parlamento Federal, y la baja disciplina partidaria acompañada de un transfuguismo recurrente, complica enormemente las cosas.
De momento los mercados miran expectantes la evolución de los acontecimientos. Tanto la bolsa como el mercado de divisas reaccionaron tímida pero favorablemente a la votación del Congreso, pero en general los inversores esperan señales mucho más claras que permitan dejar atrás lo más grave de la crisis política. Una gestión eficaz del nuevo gobierno que se forme podría aportar algo de luz en este sentido.
Sólo de ese modo podrían volver las inversiones y la normalidad a las empresas. El sistema productivo brasileño, con la principal excepción de Petrobras, no ha sido seriamente afectado ni por los escándalos de corrupción ni por la crisis política y fiscal que golpea al país. La recuperación de la confianza en la política y en los políticos permitiría un rápido relanzamiento económico. Pero si los principales actores siguen estando lejos de lo que se espera de ellos, primando sus intereses partidarios y personales sobre el interés nacional, la vuelta a la normalidad de Brasil se hará esperar todavía por un tiempo más prolongado.
Bibliografía
1. Almeida, Paulo Roberto, Blog, http://diplomatizzando. blogspot.com.es
2. Fundaçao Getúlio Vargas, ICJBrasil, Índice de Confiança na Justiça Brasileira, http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/ handle/10438/6618
3. Infolatam, http://www.infolatam.com 4. Rossi, Clovis: Columnas en Folha de Sao Paulo, http:// www1.folha.uol.com.br/colunas/clovisrossi/
5. Woodrow Wilson Centre, Brazil Institute, https://www. wilsoncenter.org/program/brazil-institute
Sobre el autor
Investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).
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