La crisis puso de manifiesto las debilidades de los sistemas de resolución para concursales bancarios existentes hasta dicha fecha, incapaces de involucrar a los acreedores en la financiación de los costes de las quiebras y con un marcado sesgo hacia la financiación pública. Por ello, las principales iniciativas regulatorias de estos regímenes se han ido desarrollando con el objetivo de superar dichas deficiencias. Un punto culminante de las reformas ha sido la introducción de un nuevo requerimiento regulatorio tanto: (i) a nivel global (TLAC) para entidades sistémicas, como (ii) a nivel europeo (MREL). El objetivo primario es garantizar que un banco mantenga los suficientes recursos propios y ajenos como para salvaguardar que (i) no se expone a los contribuyentes a pérdidas y que (ii) son los accionistas y acreedores no garantizados ni asegurados los que soportan los costes de la quiebra.
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