El Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, pretende dar seguridad jurídica a las operaciones de refinanciación de deuda de las empresas, para evitar que las mismas sean objeto de rescisión si finalmente dichas empresas son declaradas en concurso. Sin embargo, en nuestra opinión, los requisitos que establece la norma son tan rígidos que han frustrado la pretendida dinamización del crédito.
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