Ahorro y riqueza intergeneracional ante el reto demográfico

Este documento de trabajo analiza uno de los principales retos estructurales a los que se enfrenta España desde una perspectiva social, económica y financiera: la evolución demográfica y su impacto intergeneracional sobre el ahorro. El análisis se desarrolla desde una doble perspectiva. Por un lado, una perspectiva temporal, que examina la evolución de los principales indicadores demográficos y del ahorro hasta la actualidad. Por otro, una perspectiva intergeneracional, centrada en las diferencias más recientes entre las cohortes en términos demográficos – como el notable aumento de la esperanza de vida–, así como en renta, riqueza y capacidad de ahorro. El objetivo último es evaluar las implicaciones de estas dinámicas para las expectativas económicas de las generaciones más jóvenes. Finalmente, se analizan las consecuencias que la evolución de las principales métricas demográficas, económicas y financieras tienen sobre el conjunto de la sociedad y de la economía española, y se plantean posibles medidas orientadas a mitigar sus efectos adversos.

2. Introducción

La demografía constituye uno de los principales retos estructurales a los que se enfrentan las economías occidentales (aunque no exclusivamente, como demuestra el caso de Japón o China) en las próximas décadas, dada su influencia determinante sobre la evolución de los principales ámbitos sociales y económicos. En particular, las tendencias demográficas actuales, caracterizadas por la creciente longevidad y la reducción de las tasas de natalidad, están generando tensiones relevantes en ámbitos clave de la economía – como el mercado laboral, las dinámicas de ahorro, las finanzas públicas o los sistemas de protección social–, lo que exige una respuesta temprana y coordinada desde la política económica.

En este contexto, no es posible entender la evolución del ahorro, renta y riqueza sin considerar la demografía. Desde cómo se redistribuye la renta en los países más desarrollados (impuestos, pensiones, herencias…), hasta las decisiones que toman los individuos a lo largo de su ciclo de vida, hacen que los aspectos que determinan la evolución demográfica tomen protagonismo en nuestra época. En particular, las dos tendencias estructurales observadas en las últimas décadas — la acusada reducción de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida — , unidas a la creciente importancia de los flujos migratorios hacia los países occidentales, destacando casos como el de España, han situado a los asuntos demográficos en el centro del análisis económico y financiero en la literatura. Ya en del Olmo y Herce (2011) se puso de manifiesto cómo el incremento de la esperanza de vida influía en las decisiones tomadas por los individuos a lo largo de las diferentes etapas vitales, como la edad de finalización de estudios, de inicio de la carrera profesional, la emancipación o la formación de una familia.

Siguiendo a Pérez García et. al (2023), es fundamental el análisis demográfico, entre otros factores, para contextualizar el futuro que le espera a las generaciones más jóvenes, principalmente por la transmisión del ahorro. Esta es una cuestión fundamental en términos de políticas económicas, con el fin de arrojar luz sobre el futuro de las generaciones que están experimentando importantes cambios en su vida laboral y personal respecto a las generaciones inmediatamente precedentes. Y es uno de los principales objetivos del presente documento de trabajo.

Por otro lado, De la Fuente (2022) se aproxima al impacto de los aspectos demográficos desde la perspectiva del envejecimiento de la población y las importantes repercusiones sobre el gasto social que pueden tener, principalmente sanitario y en pensiones y que, de nuevo, se debe financiar principalmente por la población en edad de trabajar. Las cohortes de población en edad de trabajar están notando presiones en alza de precios por diferentes motivos, pero también incrementos salariales reales exiguos, mayor endeudamiento por parte de los estados que impactan en menores inversiones públicas, mayor presión de gasto social, sanitario y de dependencia (este último directamente relacionado con la creciente longevidad), menor natalidad y decisiones matrimoniales más tardías por los anteriores motivos y, lo que se podría definir como el elefante en la cacharrería por su efecto presión sobre el resto de partidas de gasto público: las pensiones (Devesa y Doménech, 2023). Todos estos efectos hacen que la capacidad de ahorro de las familias en edad de trabajar sea cada vez menor y, a la misma vez, especialmente relevante para el futuro de estas generaciones.

Con base en lo anteriormente expuesto, el presente documento de trabajo pretende analizar para España desde una doble perspectiva, temporal e intergeneracional, cómo estas tendencias demográficas están afectando al ahorro, provocando que las decisiones de gasto y ahorro de la población en edad de trabajar sean cada vez más importantes. Con un enfoque analítico basado en datos y en las principales tendencias mostradas, se plantearán los principales desequilibrios económicos y las potenciales soluciones a los problemas detectados para el caso español, pudiendo ser extrapolable a la mayoría de los países occidentales. Por ello, en la sección 3 se aborda un análisis de la demografía ejemplificando las principales cifras que analizan las tendencias de las últimas décadas; en la sección 4 se analizan los datos de ahorro de la población española desde la misma perspectiva temporal; en la sección 5 se abordan las diferencias entre generaciones, analizando cómo han variado y cómo pueden variar en el futuro; en la sección 6 se resumen las principales consecuencias macroeconómicas y sociales; y en la sección 7 se pretende analizar cuál puede ser la agenda necesaria desde las política económicas para abordar los diferentes problemas detectados.

3. Demografía en cifras

Desde hace siglos, desde una perspectiva económica, aunque también social, las tendencias demográficas han supuesto uno de los principales aspectos a analizar. De hecho, si nos remontamos a la época del nacimiento de los grandes imperios de la era moderna, la población ha supuesto, en la mayoría de los casos, un importante factor en el ascenso y el descenso de estos. En el caso español, debido a su orografía, a su problemática de interconexión entre las principales ciudades de interior y costeras, y a una agricultura que en muchos casos era deficiente, la población española ha adolecido de ser «escasa» en comparación con otros países (Vives, 1959).

Aún con una población escasa, la evolución de las técnicas agrarias, las mejoras de las prácticas médicas, el método científico y, sobre todo, la revolución industrial, poco a poco fueron provocando un incremento sustancial de la cantidad de población en el mundo occidental (LiviBaci, 2012). De hecho, debido a estos incrementos poblacionales, la literatura de la época, mucho más especializada para el análisis económico desde la publicación de «La Riqueza de las Naciones» de Adam Smith en 1776, se interesó en mayor profundidad en analizar las tendencias y derivadas del incremento poblacional, así como sus implicaciones económicas. Por ello, el que quizá sea el economista más citado de la historia en términos de demografía es Thomas Robert Malthus, que en 1798 publicó su famoso libro «An Essay on the Principle of Population», obra ampliamente citada en la literatura. Más allá de lo que promulgó Malthus en su época, siendo su tesis principal que los recursos se incrementan en progresión aritmética mientras que la población en geométrica, bastante superada por la realidad y la historia, es evidente que el estudio de la demografía ha estado permanentemente unido al estudio de la economía, dadas las profundas interacciones entre población y desarrollo económico.

Sobre este marco, en los próximos párrafos se profundiza en la evolución de los principales aspectos demográficos para la economía española.

En este sentido, la población española a 1 de enero de 2025 asciende a 49.128.297, lo que supone un incremento de 130.000 personas aproximadamente respecto de la anterior medición que provee el INE a 1 de octubre de 2024. Aunque el incremento se ha frenado en los últimos años, no es menos cierto que la tendencia ha seguido al alza. Más allá del número de personas, resulta interesante analizar la distribución poblacional por cohortes de edad. En el Gráfico 1 se muestra la distribución de la población total de España por sexo, presentando la pirámide poblacional en 2025.

Gráfico 1: Pirámide poblacional de España a 1 de enero de 2025

Como se puede apreciar en el Gráfico 1, la mayor parte de la población española se concentra entre las cohortes de edad de 45 a 69 años; es la denominada generación del baby boom, de los años 60 y 70. Además, como se puede apreciar, la población más joven, es decir, hasta los 19 años, se asemeja en volumen a la población de mayor edad. En estos años, en los que la generación del denominado baby boom está comenzando a jubilarse, la tendencia clara es la de una pirámide poblacional más estrecha en todos sus rangos de cohortes de edad, como se puede observar en el Gráfico 2, donde se presenta la estimación de la pirámide poblacional en 2074 con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este incremento en términos relativos de la población más envejecida tiene importantes consecuencias en términos de gasto social, sobre todo en sanidad, pensiones y dependencia.

Gráfico 2: Pirámide poblacional estimada de España en 2074

La población en un momento temporal determinado de un país depende de varios efectos contrapuestos. Los principales son la natalidad, la mortalidad y, en última instancia, las migraciones (García Díaz, 2023). La natalidad depende del número de nacimientos entre la población en un momento dado. Como se observa en el Gráfico 3, tanto el número de nacidos como los nacidos por cada mil habitantes se han desplomado desde 1975. En relación con el primer punto, el número de nacidos ha descendido desde aproximadamente 670.000 anuales en 1975 hasta apenas 320.000 en 2023, último dato que tenemos disponible. A su vez, los nacidos por cada 1.000 habitantes han descendido desde 18,7 hasta 6,6. Por lo tanto, observamos que los nacimientos y los nacimientos por cada mil habitantes han mostrado una tendencia bajista en las últimas décadas.

Gráfico 3: Nacimientos en España

Adicionalmente, como no puede ser de otra manera, la fecundidad también ha sufrido un fuerte retroceso. Mientras que en 1975 por cada mujer se tenían casi tres hijos, actualmente este dato ha bajado a poco más que uno, tal y como se puede observar en el Gráfico 4.

Gráfico 4: Tasa de fecundidad para España

Las aparentemente peores condiciones para la maternidad y el retroceso de la fecundidad se pueden ejemplificar en el Gráfico 5, donde se expone la edad media de maternidad, que ha ascendido desde los 29 años aproximadamente en 1975 a más de 32,5 años en 2023.

Gráfico 5: Edad media de maternidad

El segundo gran componente fundamental de la dinámica demográfica es la mortalidad, que se puede medir a través de las defunciones totales y las defunciones por cada mil habitantes. En el Gráfico 6 se muestran las dos métricas. Como se puede observar en los gráficos, tanto el número de defunciones, que ha pasado de aproximadamente 300.000 al año en 1975 a más de 435.000, como las defunciones por cada mil habitantes, pasando de poco más de 8,3 a aproximadamente 9, han crecido en el periodo analizado.

Gráfico 6: Defunciones en España

Una primera conclusión es que mientras que a comienzos de la serie el número de nacimientos superaba ampliamente el número de defunciones, desde 2015 se ha invertido este hecho. Por el lado de los nacimientos, se está percibiendo un menor número de hijos por mujer, sobre todo desde la incorporación de la mujer al mundo laboral y los cambios sociales acaecidos en España desde la crisis de 2008, incluso con el endurecimiento de las condiciones económicas de las parejas para tener hijos (García Díaz, 2023). De hecho, a lo largo de los últimos diez años, el número de hijos por mujer ha descendido desde 1,32 a 1,1. Teniendo en cuenta la tendencia de la edad media de maternidad mostrada con anterioridad, no sólo nacen menos hijos y hay mayor número de defunciones, sino que también se tienen los hijos más tarde, teniendo una menor capacidad de incrementar el número de hijos debido a la edad natural de las familias, más avanzadas en general.

Con el objetivo de completar el análisis, en el Gráfico 7 se expone el crecimiento natural en España por cada mil habitantes, para apreciar que el cambio de tendencia se da con posterioridad a la crisis de 2008, concretamente a partir de 2015, quizá por el cambio de mentalidad que produjeron los efectos negativos de la crisis en la población.

Gráfico 7: Crecimiento natural en España por cada mil habitantes (natalidad – mortalidad)

A su vez, no se puede hablar de defunciones ni crecimiento natural sin incorporar dentro del análisis el importante aumento de la esperanza de vida, que es el aspecto que mayor implicación tiene en la forma de la pirámide de población española.

Como se puede observar en el Gráfico 8, el que quizá es el mayor cambio en términos de demografía ha sido el aumento en la esperanza de vida al nacer de la población española, pasando de algo más de 73 años en 1975 a casi 84 años, siendo la más alta de la Unión Europea (Funcas, 2025) y una de las más altas del mundo.

Gráfico 8: Esperanza de vida al nacer en España

No obstante, las mejores condiciones de vida no solo se aprecian en este indicador, sino que la esperanza de vida de las personas que cumplen 65 años también es un reflejo de una sociedad más longeva que vive más pero también con mejor calidad. De hecho, si una persona que cumplía 65 años vivía, en media 15,19 años más en 1975, en la actualidad esa esperanza de vida se ha incrementado hasta los 21,87 años. Naturalmente, este indicador refleja la tensión financiera a la que se ven expuestas los sistemas de pensiones públicas como el español.

De hecho, el aumento de la esperanza de vida, unido al descenso de la tasa de natalidad y el aumento de la edad media de maternidad, han provocado un «caldo de cultivo» en términos demográficos, y también en términos de gasto social en sanidad, educación y pensiones al que se tiene que dar respuesta en los próximos años, sobre todo para atender al futuro de la población más joven (De la Fuente , 2022).

Sin embargo, existe un tercer componente que está compensando parcialmente las tendencias mostradas por la natalidad y la mortalidad: la inmigración. Como se observa en el Gráfico 9, a 2024 la población extranjera asciende a más de 8,8 millones de personas, suponiendo un 18,2 % del total de población, mientras que, en 2002, primer dato de la serie que se muestra en el mismo gráfico suponía apenas más del 5,5 %. Sin embargo, más allá del porcentaje, lo realmente interesante es la pendiente mostrada desde la Covid -19, siendo la mayor pendiente de incremento de población extranjera de toda la serie, como se puede observar en el gráfico.

Gráfico 9: Población española por procedencia

Los datos muestran que esta población extranjera es más proclive a tener más hijos que la población «autóctona», lo que ha supuesto un cierto freno al envejecimiento de la población, aunque no se debe perder de vista que la tendencia a tener menos hijos también afecta a la población extranjera, lo que se refleja en el hecho de que en los últimos diez años se ha pasado de 1,61 hijos a 1,27 en la población extranjera. No obstante, considerando que la mayor parte de la población está en edades próximas a jubilarse, y que la esperanza de vida seguirá manteniéndose o incrementándose, este envejecimiento continuará hasta bien entrado el siglo XXI (García Díaz, 2023). De hecho, según estimaciones del propio INE en 2024, la población continuará creciendo hasta 2074, incrementándose en casi 6 millones de personas respecto a las de 2024; a su vez, la población mayor de 65 años llegará a un máximo aproximadamente en 2055, suponiendo más de un 30 %. Además, la población nacida en España disminuirá gradualmente, pasando de representar del 82 % del total en la actualidad al 61 % dentro de 50 años. Todo esto si las tendencias se mantienen (INE, 2024).

Estas tendencias demográficas tienen importantes repercusiones para la economía española. Es quizá el gran reto para la economía, las finanzas y las relaciones intergeneracionales de la población española, así como, en última instancia, para la política económica.

4. Evolución reciente de ahorro en España

El estudio del ahorro de los hogares españoles en las últimas décadas exige partir de una clarificación conceptual acerca de las variables económico-financieras de renta, consumo y ahorro, tres dimensiones que, aunque distintas, mantienen una estrecha interdependencia. En términos económicos, la renta de un hogar constituye el flujo de ingresos percibidos a lo largo de un periodo determinado, procedentes del trabajo, del capital, de actividades empresariales o de transferencias públicas — como pensiones, prestaciones o ayudas—, y es sobre este flujo donde se articulan las decisiones de consumo y, en última instancia, de acumulación patrimonial de las familias (Javier Martínez et al, 2025).

El ahorro puede definirse, de manera sencilla, como la parte de la renta disponible que no se destina al consumo corriente. La porción de renta no consumida se transforma progresivamente en patrimonio neto (Javier Martínez et al , 2025), constituyendo así una reserva de recursos que cumple funciones esenciales tanto para la estabilidad financiera del hogar como para el sostenimiento de la inversión y, por ende, del crecimiento económico (Belmonte , 2006).

Ahorrar implica, en términos económicos y también sociológicos, una decisión de posponer el consumo presente con el fin de reforzar la capacidad financiera futura. Esta renuncia puede obedecer a motivos diversos — la cobertura de contingencias, el acceso a la vivienda o la necesidad de mantener el nivel de vida en la jubilación—, lo que explica la multiplicidad de enfoques desde los que la literatura ha analizado el fenómeno del ahorro. Entre ellos destacan las teorías basadas en la renta absoluta y relativa, los modelos de ciclo vital y renta permanente, las aproximaciones psicológicas y sociológicas, las teorías conductuales y los enfoques institucionales que subrayan el papel del sistema financiero y del Estado del bienestar (Belmonte , 2006). Todas estas perspectivas coinciden en que las decisiones de ahorro no dependen exclusivamente del nivel de ingresos, sino también de elementos como la estabilidad laboral, las expectativas, las normas sociales o la estructura institucional que enmarca la vida económica de los hogares.

Una de las contribuciones teóricas más influyentes en la comprensión del ahorro es la formulada por Modigliani en su teoría del ciclo vital, que postula que los individuos tratan de suavizar su consumo a lo largo de su existencia (Modigliani, 1986). Bajo este planteamiento, la vida económica se puede estructurar en tres grandes etapas (Belmonte , 2006):

• Juventud (aproximadamente 25–35 años; ingresos reducidos y elevada carga de gasto).
• Madurez (35–65 años; mayor estabilidad y renta, permitiendo la acumulación de activos).
• Jubilación (a partir de 65 años; disminución de la renta laboral y progresiva necesidad de utilizar el ahorro previamente acumulado)

Este marco teórico adquiere especial relevancia en el caso español, caracterizado por un progresivo envejecimiento de la población, como se ha expuesto en la sección anterior, y por un conjunto de factores estructurales que condicionan la capacidad de ahorro: la elevada proporción de vivienda en propiedad, la precariedad laboral y los bajos salarios entre los jóvenes, un sistema público de pensiones relativamente generoso y una esperanza de vida en constante aumento. Todo ello configura un entorno en el que la distribución del ahorro por edades presenta rasgos muy marcados.

En este sentido, la evolución de la tasa de ahorro en España, como se muestra en el Gráfico 10, ha estado fuertemente influida tanto por el ciclo económico como por elementos estructurales que afectan al comportamiento de los hogares. A lo largo de las últimas décadas pueden distinguirse varias etapas:

• Fase previa a la crisis financiera (1995–2007): un periodo de expansión económica, crédito abundante y elevada inversión residencial en el que la tasa de ahorro se mantuvo en niveles reducidos (Belmonte, 2006);
• Gran Recesión (2008–2013): el aumento de la incertidumbre, la destrucción de empleo y el desapalancamiento financiero impulsaron un notable incremento del ahorro por motivos de precaución, alcanzando máximos en 2009 (del Olmo, 2011). Sin embargo, la prolongación de la recesión y el deterioro del mercado laboral redujeron de forma significativa la capacidad de ahorro de los hogares, dando lugar a un descenso de la tasa en 2012 y 2013;
• Recuperación (2014–2019): a medida que mejoraba el mercado laboral, el consumo recuperó dinamismo y la tasa de ahorro volvió a descender;
• Pandemia (2020–2021): las restricciones a la movilidad y el mantenimiento parcial de rentas generaron un aumento histórico del ahorro;
• Periodos recientes (2022–2025): la inflación elevada, el encarecimiento de la financiación y la moderación del consumo han configurado un nuevo ajuste en la tasa de ahorro.

Pese a la corrección desde los máximos de 2020 – 2021, la tasa de ahorro de los hogares no ha retornado plenamente al patrón previo a la pandemia. Apuntando a un cierto efecto escalón, con niveles medios todavía superiores a los de 2014 -2019, lo que sugiere un cambio parcialmente estructural en el comportamiento financiero tras la pandemia, caracterizado por una mayor preferencia por la liquidez y por la acumulación de colchones de seguridad.

Este nuevo contexto ha sido compatible con un consumo privado dinámico en la fase post-Covid. La normalización del gasto en servicios, la recuperación del empleo y la utilización parcial del ahorro embalsado han impulsado el consumo sin que se haya agotado completamente el excedente acumulado, lo que apunta a un ajuste simultáneo: recomposición del consumo y mantenimiento de mayor ahorro en una parte relevante de los hogares.

En este proceso desempeña un papel relevante el sistema público de pensiones. Aunque las cotizaciones no se contabilizan como ahorro en términos estrictos, sí influyen en la decisión individual al generar expectativas de recibir una pensión futura suficiente, reduciendo así la necesidad percibida de ahorro privado.

Gráfico 10: Evolución de la tasa de ahorro sobre la renta bruta disponible de los hogares en España

La riqueza de los hogares puede adoptar la forma de activos reales —v —vivienda, otros inmuebles, bienes duraderos — o de activos financieros — depósitos, acciones, fondos de inversión, bonos—, siguiendo la clasificación utilizada por el Banco de España y la Encuesta Financiera de las Familias (EFF). En el caso español, los activos reales han tenido tradicionalmente un peso extraordinariamente elevado, reflejo de la amplia implantación de la vivienda en propiedad como pilar básico de la acumulación patrimonial.

Como se muestra en el Gráfico 11, a pesar de que entre los hogares jóvenes se observa un descenso en la tasa de propiedad, la vivienda continúa siendo el principal componente del patrimonio en la mayor parte de los tramos de edad.

Gráfico 11: Porcentaje de hogares propietarios de vivienda principal por edad

La composición de la riqueza presenta variaciones significativas según la edad del cabeza de familia. Los hogares jóvenes disponen de un patrimonio reducido y muestran una capacidad limitada para diversificar hacia activos financieros con mayor rentabilidad potencial. En edades intermedias, como se muestra en el Gráfico 12, la adquisición de la vivienda principal y el endeudamiento hipotecario dominan la estructura patrimonial, aunque empieza a observarse una creciente presencia de activos financieros. En los grupos de mayor edad, la vivienda sigue desempeñando un papel central, si bien aumenta la proporción de activos financieros líquidos y de productos de inversión colectiva, reflejo tanto de procesos de desendeudamiento como de preferencias por la liquidez en etapas avanzadas del ciclo vital.

Gráfico 12: Composición de la riqueza bruta por tipo de activo y edad

No obstante, y como ya señalaba el Banco de España (2023), la dinámica observada en los últimos años muestra una significativa reducción de la vivienda en propiedad. De hecho, el porcentaje de hogares propietarios de su vivienda principal pasó de un 82,6% en 2011 a un 73,9% en 2020, siendo más intenso este fenómeno entre los menores de 35 años (que pasó de un 69,3% a un 36,1% en el mismo periodo).

La información aportada por la EFF confirma que la riqueza neta de los hogares españoles se encuentra crecientemente concentrada en los tramos de mayor edad, como se muestra en el Gráfico 13. Durante las dos últimas décadas, los hogares encabezados por personas mayores han incrementado de manera sustancial su patrimonio, mientras que los más jóvenes han experimentado un estancamiento o incluso una reducción de su riqueza neta. Este proceso se explica, en buena medida, por las crecientes dificultades de acceso a la vivienda en propiedad, que históricamente ha actuado como el principal vehículo de acumulación patrimonial en España.

Gráfico 13: Riqueza neta mediana por edad del cabeza de familia

El análisis de la riqueza neta revela un patrón persistente: los hogares jóvenes no solo parten de niveles patrimoniales significativamente más bajos, sino que cuentan con menos oportunidades para diversificar hacia activos financieros con capacidad de apreciación. Por el contrario, los hogares de mayor edad acumulan tanto activos reales como financieros, fruto de trayectorias laborales más estables y de condiciones históricas más favorables para la adquisición de vivienda. Este patrón refleja, por un lado, mecanismos compatibles con la teoría del ciclo vital y, por otro, factores estructurales y generacionales que han afectado de forma desigual a las distintas cohortes, contribuyendo a explicar la creciente brecha patrimonial intergeneracional, que se abordará en los siguientes apartados.

Aunque es esperable que los hogares con mayor renta acumulen más patrimonio, el elemento verdaderamente relevante es la pérdida de capacidad de los jóvenes para acceder a instrumentos que generen rentabilidad a largo plazo. El Gráfico 14 muestra que su participación en acciones, fondos o productos de previsión es muy reducida, lo que limita la acumulación de riqueza mediante capitalización compuesta en las etapas tempranas del ciclo de vida.

Entre las causas principales destacan la insuficiente capacidad de ahorro, la precariedad laboral, la elevada carga asociada a los gastos de vivienda y la limitada educación financiera.

Gráfico 14: Porcentaje de los hogares con exposición a fondos de inversión por edad del cabeza de familia

Si analizamos la evolución reciente de los activos financieros de las familias españolas —en su conjunto, aproximadamente de 3,28 billones de euros en 2025— , observamos varias tendencias destacables. Como se observa en el Gráfico 15, los depósitos continúan siendo el principal activo financiero, representando en torno a un tercio del total, lo que pone de manifiesto la preferencia estructural de los hogares por activos de bajo riesgo. Paralelamente, la inversión directa en acciones ha aumentado hasta situarse alrededor del 32 %, consolidándose como segunda categoría en importancia. Esto último tiene relación con varios factores como el importante volumen de autónomos que existe en el panorama empresarial español, la mejora, aunque insuficiente como se ha señalado anteriormente, de la educación financiera y la evolución de los mercados financieros. Las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) alcanzan máximos históricos, con un peso cercano al 17 %, mientras que seguros, fondos de pensiones y efectivo mantienen una presencia relativamente estable, lo que se relaciona, por otra parte, con la menor necesidad percibida de ahorro privado a raíz de la alta tasa de cobertura del sistema público de pensiones.

Asimismo, y como ya se ha anticipado, el aumento de los activos financieros en el último año responde tanto a las rentabilidades positivas de los mercados, que explican cerca del 45 % del incremento, como a los nuevos flujos de inversión generados por los propios hogares, que representan aproximadamente el 55 %. Por otro lado, el endeudamiento de los hogares crece de manera moderada en términos absolutos, aunque en términos relativos alcanza el 43,1% sobre el PIB, el nivel más bajo desde el primer trimestre de 2000 y reflejo del fuerte esfuerzo de desapalancamiento privado iniciado en la crisis de 2008. Asimismo, la riqueza financiera neta alcanza el 153,7% sobre el PIB, niveles muy superiores al 70% de diciembre de 2008 .

Gráfico 15: Composición de los activos financieros de las familias españolas (1985–2025)

Por lo tanto, aunque los depósitos continúan siendo el pilar de los activos financieros de las familias, se observa una tendencia a la diversificación, favorecida probablemente por el desarrollo del sistema financiero, el acceso digital a productos de inversión y el aumento gradual, aunque todavía limitado, de la educación financiera.

En conjunto, la evidencia apunta a que España continúa siendo un país en el que la vivienda y los depósitos conforman los pilares fundamentales de la riqueza familiar, lo que refleja una preferencia arraigada por activos de bajo riesgo. Este perfil conservador se ve reforzado por la propia estructura demográfica, marcada por un envejecimiento progresivo de la población. Al mismo tiempo, la brecha patrimonial intergeneracional sigue ampliándose debido a que los jóvenes encuentran crecientes dificultades para acceder a activos con mayor capacidad de apreciación.

No obstante, comienzan a apreciarse señales de una transición hacia una mayor diversificación de los activos financieros de las familias, impulsada por un mayor desarrollo del sistema financiero, la digitalización de los canales de inversión y una educación financiera cada vez más extendida. La trayectoria futura dependerá en buena medida de la evolución del mercado laboral, de las condiciones de acceso a la vivienda, de la sostenibilidad del sistema público de pensiones y del diseño de instrumentos financieros adecuados a las nuevas realidades socioeconómicas.

5. Micro vs. Macro: mayores, jóvenes y ahorro

La relación entre demografía y ahorro no puede entenderse únicamente desde el plano microeconómico basado en el comportamiento individual de los hogares, ni tampoco exclusivamente desde un plano macroeconómico que solo considere el envejecimiento de la población o las actuaciones económicas de las instituciones. Es tentador pensar que, si observamos la evolución reciente del ahorro en España, la caída de la natalidad haya permitido tener una mayor renta disponible entre los hogares jóvenes, permitiéndoles ahorrar más en términos absolutos y relativos. Sin embargo, esa intuición choca con la realidad de los datos, ya que, tal y como se menciona en el apartado anterior, el ahorro y la riqueza en España se concentran de forma creciente en los grupos de mayor edad, mientras que, aparentemente, una parte relevante de la población joven no consigue acumular patrimonio ni siquiera en fases avanzadas de su vida laboral.

Pero esta contradicción se puede entender si se observa la distinta estructura patrimonial que existe entre jóvenes y mayores en España. Históricamente, la vivienda en propiedad ha sido el principal mecanismo de acumulación de riqueza en nuestro país, algo que se mantiene en la actualidad. Los datos de la EFF muestran que la tasa de propiedad aumenta de forma significativa con la edad y se mantiene en niveles elevados entre los hogares de mayor edad (Conde-Ruiz y García-Rodríguez, 2025). Esta situación deriva en una serie de implicaciones directas sobre el ahorro, ya que no tener que realizar pagos recurrentes asociados a la vivienda, ya sea en forma de alquiler o de hipoteca tras su amortización, reduce de forma permanente el gasto de las familias, lo que permite mantener una posición financiera más holgada incluso con ingresos moderados.

En el caso de los jóvenes, esta situación es totalmente distinta, ya que para este grupo poblacional la vivienda no se sitúa como un activo que aporte estabilidad, sino que se convierte en una fuente de presión presupuestaria. Al factor de que el acceso a la propiedad se ha retrasado de forma significativa en estos últimos años se suma que el alquiler absorbe una parte creciente de la renta disponible durante años clave para el ahorro. De hecho, como muestra Romero -Jordán (2024), el esfuerzo por vivir en alquiler (medido como el gasto en alquiler de la vivienda principal sobre la cesta de consumo de los hogares) pasó de un 26,5% en 2015 a un 29,7% en 2022, aunque entre los menores de 35 años este porcentaje ha pasado del 24% al 30,4% en el mismo periodo. Si se añaden los gastos básicos a este indicador de esfuerzo, en promedio ha pasado del 52,3% al 60,5% en el periodo analizado, reflejando la dificultad creciente de afrontar el día a día para las familias españolas y las dificultades para ahorrar.

El Gráfico 16, que compara la creación de nuevos hogares estimada por el INE hasta el año 2039 con el déficit de oferta de nueva vivienda estimado hasta ese mismo año, muestra que este fenómeno no responde únicamente a preferencias individuales, sino a un desajuste entre oferta y demanda, agravado por factores territoriales y por la concentración de empleo en áreas donde el mercado inmobiliario es más rígido (AFI, 2024).

Gráfico 16: Nuevos hogares vs. Déficit anual de vivienda

Teniendo estos datos en consideración, la idea inicial de que un menor número de hijos por hogar deriva en una mayor capacidad de ahorro se ve opacada por el mayor esfuerzo que tienen que hacer los jóvenes para poder acceder a una vivienda en propiedad, además de un coste mayor de vida por el incremento de precios generalizado acaecido en los años recientes.

A esta dimensión patrimonial se añade el papel de las pensiones públicas, ya que, en términos agregados, el sistema de pensiones ha actuado como un estabilizador de ingresos en la población en España, suavizando el perfil de renta a lo largo del ciclo vital. De esta forma, mientras que la renta disponible promedio de los mayores de 65 años con respecto a la de la población entre 16 y 65 años se sitúa en un 81,4 % en la OCDE, en España este dato aumenta hasta el 92,2 %. Esta diferencia puede deberse, en parte, a que la proporción de pensión media contributiva sobre el salario medio en España es una de las más altas de la Unión Europea (Devesa y Doménech, 2023).

El factor estabilizador de las pensiones es especialmente destacado en España desde la reintroducción explícita de la indexación de las pensiones al IPC en 2021, ya que esta indexación ha permitido que las pensiones contributivas mantengan su poder adquisitivo en un contexto de repunte inflacionario, con revalorizaciones acumuladas significativas entre 2021 y 2024, reforzando la estabilidad real de los ingresos de los hogares mayores.

Esta estabilidad permite a muchos hogares mayores mantener su patrimonio, e incluso incrementarlo vía revalorizaciones, sin necesidad de un esfuerzo de ahorro elevado, lo que contrasta con la situación de los jóvenes, con salarios de entrada más bajos, trayectorias laborales más fragmentadas y mayor incertidumbre contractual que limitan la capacidad de generar ahorro. Además, el retraso en la emancipación y el mayor peso del gasto en vivienda condicionan de forma estructural la acumulación de patrimonio (Conde-Ruiz y García-Rodríguez, 2025). Como se muestra en el Gráfico 17, la evolución de las pensiones y del salario bruto medio de los jóvenes se ha comportado de forma desigual desde el año 2020.

Además, en el gráfico también se muestra cómo ha evolucionado el precio medio de la vivienda en España en el mismo período, reflejando que, en términos relativos, las pensiones se han revalorizado por encima del precio de la vivienda, mientras que los salarios de los jóvenes han perdido poder adquisitivo a lo largo del mismo período.

Conviene señalar que la representación en base 100 permite comparar la dinámica relativa de las variables, pero no refleja la distinta magnitud económica de sus variaciones, de modo que incrementos porcentuales similares en el precio de la vivienda suponen variaciones en euros significativamente mayores que aumentos equivalentes en salarios o pensiones, dado el elevado nivel de partida del precio de la vivienda.

Gráfico 17: Evolución de los salarios y pensiones vs. precio de la vivienda en España

Este diagnóstico permite matizar una explicación frecuente que atribuye la menor capacidad de ahorro de los jóvenes a cambios en preferencias o a una menor disciplina financiera, mostrando que, si bien estos elementos existen, su impacto se ve condicionado y amplificado por restricciones estructurales relacionadas con aspectos como el coste de la vivienda o la estabilidad de ingresos. Los datos de comportamiento financiero muestran que la mayoría de los hogares valoran positivamente el ahorro, pero que su materialización efectiva depende fundamentalmente de la renta disponible y de la estabilidad económica (CNMV–Banco de España, 2021).

Este cambio estructural no solo tiene implicaciones económicas, sino también generacionales y culturales. Los grupos de población que hoy se sitúan en torno a los 55– 70 años tomaron decisiones vitales en un entorno de expectativas crecientes, marcado por estabilidad macroeconómica, expansión del empleo y una percepción generalizada de progreso continuo. Para los jóvenes actuales, en cambio, el marco de referencia es radicalmente distinto, ya que, en apenas dos décadas, las generaciones nacidas en los años ochenta y noventa han encadenado múltiples crisis de naturaleza diversa, como la crisis financiera de 2008, la crisis de deuda soberana, la pandemia y el reciente episodio inflacionario en las fases clave de su ciclo vital. El Gráfico 18 podría mostrar uno de los principales indicadores que reflejan la situación descrita, que es el número de años promedio necesarios para adquirir una vivienda en propiedad en base a la renta bruta anual por hogar.

Gráfico 18: Número de años necesarios para comprar una casa

Mientras que en la década de los años 90 el esfuerzo necesario era de en torno a 4 años, en el año 2023 se situó en aproximadamente 7,5 años. Este encadenamiento de episodios negativos, aparentemente, ha alterado de forma profunda las expectativas y las trayectorias de vida, como puede ser el caso de la adquisición de vivienda. De hecho, esta alteración también ha sido una de las causas de que se tengan menos hijos y se aumente la edad de maternidad. Este cambio resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta que, en promedio, los tipos de interés de los últimos años han sido inferiores a los observados en la década de los noventa, lo que sugiere que el aumento del esfuerzo de acceso a la vivienda responde en mayor medida a la evolución de los precios y de la renta disponible que a las condiciones de financiación.

Como señalan los estudios sobre juventud en España, la incertidumbre ha dejado de ser un episodio transitorio para pasar a convertirse en un rasgo estructural, afectando a decisiones de ahorro, inversión y formación de hogares (Fundación BBVA, 2023; Informe España 2025).

En este contexto, la menor acumulación patrimonial de los jóvenes no refleja únicamente una posición económica más débil, sino también un cambio en el marco de expectativas, ya que, frente a la idea de que «todo irá bien y a mejor» que dominaba en generaciones anteriores, los jóvenes actuales toman decisiones bajo la premisa de que los riesgos son recurrentes y los equilibrios son frágiles. En consecuencia, en los últimos años han adquirido una relevancia creciente las transferencias intergeneracionales privadas, ya que cuando el acceso al patrimonio por la vía del ahorro laboral se vuelve más difícil, las herencias, donaciones y ayudas familiares pasan a ser un factor decisivo. No obstante, en un contexto de aumento de la esperanza de vida, el momento en que se reciben estas transferencias tiende a retrasarse, limitando su capacidad para aliviar las restricciones patrimoniales en las etapas tempranas del ciclo vital. Además, este canal no reduce la desigualdad agregada, sino que tiende a reproducirla entre familias (Informe España 2025). Este resultado es coherente con la evidencia internacional que muestra que, aunque las herencias no expliquen el aumento agregado de la riqueza, sí son determinantes para explicar quién accede al patrimonio dentro de cada grupo de edad (Bauluz y Meyer, 2024).

Todo ello convive, además, con una situación de aparente solidez financiera en términos agregados, ya que los balances de los hogares muestran un endeudamiento relativamente bajo en comparación con la evolución histórica y una riqueza total creciente (Banco de España, 2025). No obstante, esta buena situación macroeconómica podría ocultar tensiones distributivas relevantes, ya que, como se viene mostrando a lo largo del documento de trabajo, la mejora del balance agregado no se traduce de forma homogénea en mayores oportunidades de ahorro y acumulación patrimonial para todas las generaciones.

En conjunto, la relación entre demografía y ahorro en España no puede entenderse únicamente a partir del envejecimiento o de la caída de la natalidad. Es el resultado de la interacción entre una estructura patrimonial muy concentrada en la vivienda, un sistema de pensiones que estabiliza ingresos en la vejez y un entorno económico que dificulta la acumulación patrimonial temprana de los jóvenes. El ahorro deja así de ser una decisión puramente individual para convertirse en una variable profundamente condicionada por el momento de entrada en el mercado laboral, el acceso a la vivienda y la existencia o no de respaldo patrimonial familiar, factores que, a su vez, influyen sobre decisiones demográficas clave como el momento de emancipación, la formación del hogar o la decisión de tener hijos.

6. Consecuencias macroeconómicas y sociales

Las dinámicas demográficas y patrimoniales analizadas a lo largo del artículo influyen de manera significativa en el nuevo equilibrio del marco macroeconómico y social. El envejecimiento de la población, la caída de la natalidad y las crecientes dificultades de acumulación temprana de patrimonio no actúan de forma aislada, sino que se refuerzan mutuamente, influyendo de manera estructural en los patrones de consumo, crecimiento económico y sostenibilidad del Estado del bienestar.

Uno de los efectos más visibles de este proceso es el menor dinamismo del consumo agregado, del ahorro y de la inversión. No hay que olvidar que estas tres perspectivas dependen de las expectativas de renta futura, la cual difiere según las etapas del ciclo vital en que se encuentren las personas. Por una parte, la población joven tiende a ahorrar y endeudarse con mayor propensión (por ejemplo, para la adquisición de la vivienda principal), mientras que a medida que aumenta el peso de la población de mayor edad, la propensión a consumir es mayor y la de ahorrar es menor, tendiendo el gasto a estabilizarse y a concentrarse en partidas menos cíclicas (como sanidad o servicios personales). Así pues, las generaciones jóvenes —tradicionalmente motor del consumo asociado a la emancipación y la formación de hogares— ven limitada su capacidad de gasto por el elevado coste de la vivienda y por trayectorias laborales más inciertas, entre otros factores. La consecuencia directa es que, en una economía como la española, donde el consumo doméstico tiene un peso elevado, esta combinación reduce la capacidad de la demanda interna para impulsar el crecimiento (Banco de España, 2025).

Pero también existen implicaciones de estos comportamientos de mayor calado para las finanzas públicas. Más allá de la perspectiva del gasto, de la que se ha hablado anteriormente, los ingresos públicos también se ven afectados ante la dinámica de longevidad descrita. No se debe olvidar que el nivel y la composición de los ingresos tributarios y la transmisión de impulsos fiscales a la actividad económica dependen de la estructura por edades de la población. Por una parte, la población más longeva intensifica el consumo en bienes no duraderos y de servicios de no mercado que se caracterizan, en general, por precios relativos más bajos (Banco de España, 2019). Asimismo, en la medida de que la población de mayor edad es más propensa a consumir bienes y servicios gravados con tipos impositivos efectivos más bajos, la recaudación indirecta se verá reducida, lo que se une al hecho de que la recaudación directa se reducirá debido al hecho de que los ingresos medios declarados en el IRPF se reducen a partir de los 65 años, siendo por lo tanto el tipo efectivo medio del IRPF menor (López Rodríguez y Ramos (2024). Todo ello anticipa multiplicadores fiscales más reducidos en un entorno de creciente longevidad.

El retraso en la emancipación, la menor creación de hogares y la reducción del tamaño de las cohortes jóvenes no solo afectan al consumo presente, sino que condicionan la oferta de trabajo y pueden poner en entredicho la teoría del ciclo vital debido a la alteración de las expectativas. A ello se suma una creciente dificultad para reasignar recursos públicos hacia las partidas donde la presión demográfica tiene mayor incidencia, ya que el aumento sostenido de la población jubilada y la llegada de población inmigrante incrementan la demanda de servicios públicos esenciales como sanidad, educación y servicios sociales sin que la estructura de gasto y la provisión de recursos se adapten con la misma rapidez. Esta falta de ajuste genera tensiones en la calidad y accesibilidad de los servicios públicos y reduce la eficiencia del conjunto del sistema (AFI, 2024). En un contexto ya marcado por rigideces en el mercado de la vivienda y en la movilidad laboral, estos desequilibrios terminan limitando la capacidad de crecimiento a medio plazo (Conde-Ruiz y García -Rodríguez, 2025).

Desde la perspectiva del mercado laboral, las generaciones jóvenes afrontan trayectorias más inestables, con mayor precariedad, rotación y dificultades de acceso a empleos de calidad, lo que limita su capacidad de ahorro, dificulta el acceso al crédito y retrasa decisiones vitales como la emancipación o la formación de una familia. Esta situación refuerza la desigualdad de oportunidades y debilita la movilidad social, ya que la acumulación patrimonial depende cada vez más del origen familiar y del acceso a herencias o ayudas privadas (Informe España, 2025)

A su vez, a lo largo del presente documento se ha mostrado cómo las pensiones públicas han actuado como un potente estabilizador de ingresos en la vejez, reduciendo la desigualdad y amortiguando el impacto de las crisis económicas sobre los hogares mayores. Sin embargo, desde una perspectiva agregada, el envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida implican un mayor gasto en pensiones y en sanidad, lo que tensiona la sostenibilidad financiera del Estado del bienestar y plantea un nuevo desafío especialmente relevante en un contexto en el que las generaciones jóvenes, con salarios reales más ajustados y menor capacidad de ahorro, deben sostener una parte creciente del esfuerzo contributivo (Devesa y Doménech, 2023).

Por otra parte, el reto de sostenibilidad del sistema público de pensiones en España, como ocurre en los sistemas de reparto, es de naturaleza actuarial, dada la evolución demográfica y del mercado de trabajo. Tal y como observó Samuelson (1958), en un sistema de reparto, la rentabilidad implícita que se promete a los cotizantes — medida por la tasa interna de retorno (TIR)— debe ser coherente con el crecimiento de la población y de las cotizaciones sociales (tasa de crecimiento del empleo y la tasa de crecimiento de los salarios). Sin embargo, en el caso español, la TIR del sistema contributivo es elevada en relación con ese crecimiento (Herce y del Olmo, 2013; Dominguez, del Olmo y Herce, 2020 entre otros). La TIR se sitúa entre 1,5 y 2,2 puntos porcentuales por encima del nivel compatible con la sostenibilidad, lo que implica que las pensiones actuales equivalen a entre un 45 % y un 65 % más de lo que correspondería a su valor actuarial justo. Desde esta perspectiva, el déficit del sistema no es el problema en sí, sino un síntoma de este desajuste estructural, y no puede resolverse de forma permanente mediante mayor productividad, empleo o inmigración (Fernández-Villaverde, 2025).

Por otro lado, la inmigración introduce un elemento adicional en este equilibrio, ya que, por un lado, la llegada de población en edad activa contribuye a mitigar parcialmente los efectos del envejecimiento, sosteniendo el empleo, las cotizaciones sociales y el consumo (Banco de España, 2024). Sin embargo, su impacto macroeconómico depende de su integración efectiva en el mercado laboral y del acceso a vivienda y servicios públicos, por lo que, en ausencia de una oferta suficiente de vivienda y de una adecuada planificación territorial, la inmigración puede intensificar tensiones sociales y desequilibrios locales, especialmente en las áreas urbanas más dinámicas, reforzando cuellos de botella ya existentes en la provisión de servicios públicos y en el acceso a infraestructuras básicas (AFI, 2024).

Desde una perspectiva social, y quizá el tema más relevante, estos factores económicos se reflejan también en un cambio profundo en las expectativas de las generaciones más jóvenes. La experiencia acumulada de episodios de crisis, la persistencia de la incertidumbre y la dificultad para acceder a los hitos tradicionales del ciclo vital influyen en las decisiones de ahorro, consumo y natalidad. El resultado directo de estos factores es que las decisiones están cada vez más condicionadas por el entorno económico y las restricciones materiales, además de por cambios culturales o de preferencias (Pérez García, 2023).

La evidencia reciente muestra que esta situación de incertidumbre económica no se percibe por parte de la juventud como un fenómeno coyuntural, sino como un rasgo estructural de su trayectoria vital. Las generaciones jóvenes han interiorizado la inestabilidad como parte permanente de su horizonte económico, lo que se traduce en una revisión a la baja de sus expectativas sobre emancipación, formación de hogares y mejora de su bienestar material. Esta percepción de fragilidad prolongada afecta tanto a las decisiones de consumo como a las estrategias de ahorro y planificación a largo plazo, reforzando comportamientos más cautelosos y retrasando hitos tradicionales del ciclo vital (Informe España, 2025). Además, para los jóvenes se hace más indispensable gestionar el ahorro, dadas las expectativas negativas sobre percibir renta a través de las pensiones suficiente para mantener el gasto familiar. En este sentido, la educación financiera juega un papel fundamental para el futuro, tanto para la población joven, como para movilizar parte del patrimonio de las cohortes de mayor edad.

En conjunto, las consecuencias macroeconómicas y sociales derivadas de estas dinámicas van mucho más allá del ámbito financiero, ya que afectan al crecimiento económico, a la cohesión social y al diseño y dimensionamiento de las políticas públicas, desde la vivienda y el mercado laboral hasta las pensiones y los servicios sociales. Abordar estos retos exige una visión integrada que reconozca la interdependencia entre demografía, renta, ahorro y estructura patrimonial, así como la necesidad de políticas capaces de facilitar la acumulación temprana, mejorar la movilidad de recursos y adaptar con mayor agilidad el sector público a una realidad demográfica cambiante, condición indispensable para preservar la sostenibilidad del contrato intergeneracional en el medio y largo plazo.

7. Agenda de reformas y políticas y conclusiones

España se enfrenta a importantes desafíos demográficos que requieren una agenda de políticas integrales, holísticas y sostenibles. La combinación de baja natalidad, envejecimiento poblacional, inmigración, la desigual distribución territorial y una política económica que no está sabiendo abordar los grandes retos demográficos y de ahorro a los que se enfrenta, está transformando la estructura social y económica del país. En este contexto, se propone una agenda de reformas y políticas económicas destinadas a intentar corregir los desequilibrios que se están generando.

En primer lugar, sería necesario desarrollar políticas económicas dirigidas a incentivar la natalidad. Actualmente, como ya se ha señalado, la tasa de fecundidad en España se encuentra por debajo del nivel del denominado reemplazo generacional, lo que amenaza la sostenibilidad del estado de bienestar, por los desequilibrios que podrían generar, así como un potencial lánguido mercado laboral. Las políticas deberían ir dirigidas a incentivar fiscal y económicamente a los jóvenes, reforzando, por ejemplo, la red pública de guarderías. Naturalmente, facilidades en la conciliación laboral y familiar (por ejemplo mediante medidas de flexibilidad o teletrabajo), así como campañas de sensibilización, podrían contribuir positivamente, lo que se puede fomentar desde las políticas públicas, pero también implica un desarrollo de culturas empresariales propensas a estas políticas. Desde luego, todas estas políticas deben ser diseñadas y realizadas desde un amplio consenso entre todas las partes implicadas, principalmente entre el ámbito institucional y los agentes privados.

Por el lado de la inmigración, si bien está contribuyendo como aspectos positivos a rejuvenecer la población española y contribuyendo positivamente al mercado laboral con el mantenimiento o incremento de la población activa, podría crear desequilibrios futuros, más si cabe en episodios de tensiones como crisis económicas y financieras. Por ese motivo, y para evitar potenciales desequilibrios sociales, una política de integración social y laboral efectiva, así como una incorporación de inmigración con mayor cualificación en los sectores donde lo necesiten, puede ser determinante para el futuro del sistema. Además, todo ello debe ir acompañado de refuerzos políticos de los servicios que podrían estar más tensionados, como vivienda, sanidad o educación. Como se ha visto, estos servicios, al ser eminentemente esenciales, tienden a convertirse en los principales problemas a afrontar ante unas finanza públicas en creciente tensión, repercutiendo nuevamente en cierta insostenibilidad del sistema actual, ya que se suman a los actuales ya señalados.

En este sentido, y abordando el que quizá es el problema más acuciante en la actualidad para los jóvenes, la vivienda se ha convertido en un bien de lujo en la mayoría de los casos. Incentivar la construcción de vivienda en zonas con mayores tensiones de precios, incluir medidas específicas para incrementar la accesibilidad a vivienda asequible, con especial foco en jóvenes, una mayor liberalización del suelo urbanizable dirigido a incrementar la oferta de vivienda o reformas urbanas para contribuir a un buen desarrollo regional y una mayor y mejor distribución de la población, deben ser los focos en los que se centren las políticas económicas en los próximos años. La vivienda puede ser germen de inestabilidad social y afecta a la estabilidad de la población, especialmente la más joven. Pero el acceso a la vivienda asequible y digna también restringe la llegada de inmigración, lo que podría llegar a condicionar, en un escenario adverso, la propia evolución de la población en edad de trabajar y tensionar, más aún, la evolución demográfica.

Por otro lado, un aspecto fundamental que no se aborda institucionalmente en su justa medida en la actualidad es la educación financiera, en especial, la educación sobre ahorro e inversión. Introducir programas de educación financiera en casi todos los niveles del sistema educativo, así como también para las cohortes de mayor edad, podría tener un impacto directo en la toma de decisiones de formar una familia y, por ende, en la productividad futura del país. Una población financieramente más formada y preparada para afrontar las tensiones y expectativas económicas y financieras podría contribuir a que los jóvenes tomaran conciencia y atajasen de una manera más certera los problemas detectados para el futuro. Este incremento de la educación financiera debería ir de la mano de la creación de nuevos instrumentos de ahorro e inversión que se adapten a las decisiones actuales de la población, y no basarse solo en activos de bajo riesgo, tanto en cuanto la vivienda está siendo un problema para los mismos y es el principal activo de las generaciones anteriores. Por lo tanto, cuanto más formados financieramente estén los jóvenes, y toda la población, más resilientes serán ante los problemas detectados e inestabilidades futuras, así como podrán acceder a un mercado laboral más amplio.

Como último gran punto que se propone que debieran atender las políticas económicas y estar en la agenda de reformas, siendo el denominado como «elefante en la cacharrería», es el de preparar al sistema ante el envejecimiento progresivo de la población española, tanto por una esperanza de vida mayor, como por un mayor volumen de población en las cohortes de mayor edad. España se sitúa como uno de los países con una esperanza de vida más altas y, como se ha indicado en el presente documento de trabajo, la tendencia hasta bien entrado el siglo es a incrementarse. Por lo tanto, para hacer frente a este fenómeno, cada vez se hace más necesaria la adaptación del sistema de pensiones y seguridad social, así como una orientación a desarrollar mayores y mejores servicios sanitarios, no sólo para la población más longeva. Además, el sistema de pensiones está resultando ser obsoleto por múltiples motivos. El que puede ser el principal, es que los pensionistas reciben actualmente más que lo contribuido, repercutiendo a lo que se ha denominado anteriormente como el problema actuarial de las pensiones, es decir, que presentan una TIR muy positiva en las pensiones. La reforma de las pensiones debe empezar por desarrollar mecanismos que contribuyan, si bien no ir dirigidas a disminuir esa TIR hasta el mínimo, pero sí ajustarla más a la realidad actual de la economía y de la población española. Por otro lado, derivado de la pirámide demográfica, cada vez hay menos personas en activo para atender el sistema actual, en comparación con el volumen de personas jubiladas. En este sentido, políticas orientadas a explorar modelos de cuentas nocionales o mecanismos que vinculen explícitamente contribuciones con prestaciones, reforzarían la sostenibilidad actuarial del sistema de pensiones. Adicionalmente, la educación financiera podría contribuir también a reforzar el pilar 2 y 3 (pensiones complementarias de empleo y el ahorro individual), quitando peso al pilar 1 (sistema público) y que no toda la carga recaiga sobre las cohortes de edad más jóvenes.

En definitiva, la demografía y el ahorro español muestran que, sin reformas estructurales, la población total podría estancarse o incluso disminuir en las próximas décadas, siendo una población más envejecida. Por otro lado, los jóvenes se enfrentan a un futuro plagado de incertidumbre, a lo que están contribuyendo las tensiones actuales como la escasez de vivienda y una mayor contribución a las pensiones, entre otros factores. Adoptar una visión integral de política pública que conecte demografía, mercado laboral, pensiones, vivienda y educación financiera para abordar el reto generacional de manera holística, contribuiría a la mejora del sistema actual de forma paulatina. Los desafíos del envejecimiento, la baja natalidad y la migración requieren un enfoque integral y coordinado entre las instituciones y los agentes de la economía, llegando a un amplio consenso que, en la actualidad, parece lejos de concebirse, incluso de plantearse. Hay experiencias en otras geografías que demuestran que, si se toman medidas sostenibles y estratégicas de largo plazo y con un amplio consenso con visión estadista, podrían mitigar los efectos negativos del cambio demográfico. Por lo tanto, la política demográfica y del ahorro son los factores claves para garantizar la estabilidad social y económica de España, y de Europa, a lo largo del siglo XXI.

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9. Sobre los autores

Fernando Rojas Traverso. Profesor Asociado de Economía en CUNEF. Doctorando en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Oberta de Catalunya. Consultor del sector financiero y docente en diversos cursos sobre banca. Licenciado en Economía por la Universidad de Sevilla. Máster en Economía por la Universidad de Granada. Máster en Banca y Finanzas por la Universidad Menéndez Pelayo y Afi. Su línea de investigación se ha centrado, entre otras materias, en las tendencias bancarias y la valoración de entidades financieras.

Pablo Victoria Rivera. Analista financiero de pequeñas y medianas compañías. Graduado en Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Granada, Premio extraordinario de Fin de Carrera. Máster en Finanzas por la Universidad Complutense de Madrid y CUNEF.

Diego Romero Martin. Consultor del sector financiero. Graduado en Administración de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y Premio Extraordinario de Fin de Carrera al mejor expediente académico de la Promoción 2023-2024 del Grado en Administración de Empresas.

Francisco del Olmo García. Profesor Asociado de Economía Aplicada (acreditado al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad) en la Universidad de Alcalá e Investigador del Instituto de Análisis Económico y Social. Doctor en Economía y Gestión Empresarial por la Universidad de Alcalá, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (Premio Extraordinario) por la Universidad de Alcalá, Licenciado en Economía por la UNED y Máster en Banca y Finanzas por Afi Escuela de Finanzas Aplicadas y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sus principales líneas de investigación se centran en el análisis de la actividad emprendedora y su dinámica de fracaso, el análisis de sistemas alternativos de Seguridad Social y el sistema financiero y sus tendencias. Desde el punto de vista profesional, trabaja en el análisis, la gestión y la medición de riesgos bancarios, contando con experiencia en varias entidades financieras cotizadas.