1. Introducción
El término social en las finanzas es reciente, si no como factor, sí como denominación de una clase o categoría. Términos como inversión ética, inversión basada en valores, inversión sostenible, inversión de impacto que se han venido usando en los últimos años, algunos incluso desde los años 80 y 90 del siglo pasado, se han englobado en el término ISR (inversión socialmente responsable), que aúna las singularidades que las anteriores denominaciones podían recoger.
Hay quien ha utilizado el acrónimo anglosajón SRI (Socially Responsible Investment), como sostenible, responsable y de impacto, o también referida como inversión sostenible. Aun siendo ambas certeras, utilizaremos el primer concepto por ser el más comúnmente usado en la literatura actual.
La ISR es la inversión o estrategia de inversión que busca un cambio social positivo a la vez que un retorno financiero. El contraste con la inversión tradicional donde solo existía el factor financiero es muy sustancial. Este par de valores: cambio social positivo y retorno financiero permiten generar una gran variedad de estrategias. El cambio social positivo engloba inversiones positivas para el medio ambiente, para un grupo social desfavorecido, o a veces la sociedad en su conjunto. Pero quizás la consecuencia más reseñable que podemos extraer de la SRI es que excluirá toda inversión con un impacto negativo.
Es, por tanto, desde el ángulo de la inversión, desde donde se ha ido perfilando la evolución del término, y a ello, también contribuyó de manera muy sustancial la redacción y publicación de los PRI (Principios de Inversión Responsable) en 2006, iniciativa auspiciada por UNEP FI (Iniciativa de Finanzas del Programa Medioambiental de Naciones Unidas), el Pacto Mundial y un grupo de 20 inversores institucionales. Dichos principios han sido la puerta de entrada y el vehículo hacia la ISR de cientos de inversores y propietarios de activos financieros en los últimos 15 años. Las cifras en activos bajo gestión cuyos propietarios o gestores han firmado los principios, actualmente más de 125 trillones de dólares desde los 8 trillones iniciales del 2006, certifican el éxito de la iniciativa.
Esta influencia de la ISR en la evolución de las finanzas sostenibles, ha sido fundamental para explicar la situación actual.
Se ha constituido en el principal catalizador del mercado de capitales que ha recorrido su propio camino en busca de productos que pudieran satisfacer la creciente demanda que el modelo ISR imponía.
En ese contexto surge el producto más audaz y a la postre más exitoso en los últimos años: los bonos que asocian los fondos obtenidos a proyectos o activos sostenibles, los bonos verdes en primera instancia y, más tarde, los bonos sociales.
Una de las definiciones que más consenso generan sobre el termino bono social en la actualidad viene dado por la publicación en 2017 de los Principios de los Bonos Sociales por ICMA (International Capital Market Association), donde explícitamente aclara que:
«Los bonos sociales son cualquier tipo de instrumento de deuda donde los fondos obtenidos o una cantidad equivalente a ellos, se aplicarán exclusivamente a financiar o a refinanciar parcial o totalmente proyectos sociales nuevos o existentes elegibles y que están alineados con los cuatro componentes centrales de los Principios de los Bonos Sociales.»
2. Evolución histórica
Orígenes
Debemos remontarnos hasta 2006 para encontrar el reconocido como primer bono social, emitido por IFFIm (International Financial Facility for Immunization), vehículo financiero destinado a recabar fondos del sector privado a precio de mercado con el objeto de inmunizar a las poblaciones de los países más pobres del mundo. Con un importe de 1 billón de dólares y un vencimiento de cinco años, trajo consigo la ya histórica participación de la Santa Sede en la compra, tras la interlocución del entonces ministro de Economía británico Gordon Brown y el pontífice Benedicto XVI.
Según reza la propia IFFIM, las siguientes personalidades apoyaron la emisión de este bono:
«Su Santidad el Papa Benedicto XVI; Su Majestad la Reina Rania Al-Abdullah de Jordania; el Cardenal Renato Raffaele Martino; el Arzobispo de Canterbury, Dr Rowan Williams; el Jefe Rebino, Doctor Jonathan Sacks; Iqbal Khan del Consejo Musulmán de Gran Bretaña; Ramesh Khalidi del Foro Hindú; el Oficial del Imperio Británico en el Consejo Sikh de Gran Bretaña Indrajit Singh así como Bono y Bob Geldof.»
En todo caso, han sido varios los catalizadores del desarrollo de este producto en los últimos años, entre otros citaremos cuatro de ellos:
- de orden práctico, es el consenso que los Principios de los Bonos Verdes habían aglutinado y el mutuo interés por todas las partes involucradas en desarrollar este producto.
- de orden más conceptual, es la materialización en 17 conceptos de la hoja de ruta a seguir, los (ODS) objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030 y lanzados en 2015 por Naciones Unidas. La importancia de las finanzas para conseguir dichos objetivos se plasma en el Manifiesto del Impacto Positivo de octubre de ese año, auspiciado por UNEF FI, que habla de las finanzas de impacto positivo como todas aquellas que producen un impacto positivo verificable en la economía, en la sociedad o en el medioambiente una vez que cualquier potencial impacto negativo ha sido debidamente identificado y minimizado.
- de orden económico-laboral, la declaración de Silesia de Transición Justa lanzada en la COP24.
- de orden económico-sanitario, las catastróficas consecuencias que la pandemia de la Covid-19 ha provocado en el sistema económico a nivel global.
Impacto
El impacto es un término que, como hemos visto, junto a otros como sostenibilidad, responsabilidad ha tomado un gran protagonismo en sentido amplio y en particular en su vertiente de finanzas. En la segunda década de este siglo se han producido un número importante de iniciativas basadas en el impacto positivo. Podemos decir que se unifican bajo el término de las finanzas de impacto, las finanzas medioambientales y las sociales.
Gráfico 1
En este sentido, es importante referirse a los llamados bonos de impacto social. Previos a los bonos sociales auspiciados por los PBS (Principios de los Bonos Sociales) y fuera del circuito mayoritario de los mercados de capitales, desde el 2010 ya existían los llamados bonos sociales de impacto y los bonos de impacto al desarrollo, en los que se materializaba la financiación de proyectos con un objetivo definido y cuantificable, y que producían rendimientos contingentes a la consecución del objetivo establecido. Suelen llevar la forma de colaboraciones público-privadas que financian servicios sociales y ofrecen retornos basados en resultados y que están enfocados mayoritariamente en prestaciones sociales, educacionales, sanitarias y al desempleo. Desde el punto de vista conceptual, es una inversión que, aunque híbrida, pues puede obtener un retorno financiero significativo, limita con la filantropía. En la práctica inversores de capital riesgo, fundaciones y filántropos son sus principales inversores.
Hoy en día y aunque sigue siendo minoritario, es un producto más, incluido en las finanzas de impacto y se adecúan dentro de la ISR, en los términos comentados.
El primer bono de impacto social, data de 2010 y reunió 5 millones de libras de 17 inversores. Se trataba de financiar un proyecto destinado a la reinserción de exreclusos de la prisión británica de Peterborough. El impacto vendría dado por la potencial bajada de la ratio de reincidencia que generaría ahorros en las arcas públicas, que serían utilizados para remunerar al capital inicial.
Esta categoría de inversión ha superado los 430 millones de dólares en los diez años de su creación, según datos de la Brookings Institution, lo que supone una parte muy modesta de las finanzas sociales.
La proporción entre impacto y retorno admite infinitas combinaciones y serán las estrategias y preferencias de los inversores las que darán forma a la oferta en cada momento.
Principios de los Bonos Sociales
En 2016, ICMA publica una guía de Bonos Sociales basada en la redacción utilizada para la creación de los Principios de los Bonos Verdes, esa publicación sería el germen de los Principios de los Bonos Sociales lanzados en 2017, y cuya última versión es de este mismo año 2021.
«Los Principios de los Bonos Sociales son guías voluntarias que recomiendan transparencia y divulgación, y promueven la integridad en el desarrollo de los mercados de los bonos sociales al aclarar el enfoque para la emisión de un bono social.» Sus fundamentos se basan en cuatro pilares:
- Uso de los fondos
- Evaluación y selección de proyectos
- Gestión de los fondos y
- Informes
El contenido del primer pilar es determinante, ya que identifica las diferentes categorías elegibles mediante una lista no exclusiva. Explicita proyectos que proporcionan o promueven infraestructura básica asequible, acceso a servicios esenciales, vivienda asequible, generación de empleo, seguridad alimentaria, avances socioeconómicos y empoderamiento.
A diferencia de los bonos verdes, aquí se incorpora un factor determinante: la población objetivo, y se relacionan un número no exclusivo de grupos destinatarios de los proyectos: vivir por debajo de la línea de pobreza, poblaciones excluidas y/o marginadas, grupos vulnerables por desastres naturales, personas con discapacidad, migrantes o desplazados, con bajo nivel de educación, desatendidos o desempleados. En la actualización de 2020 se añadieron mujeres y/o minorías por razón de sexo o género, ancianos y jóvenes vulnerables.
En esta misma actualización se clarifica y subraya, a consecuencia de la pandemia de la Covid-19, que en determinadas circunstancias un problema social puede amenazar o dañar el bienestar de la sociedad en su conjunto.
Esta actualización ha dado un mayor soporte conceptual a la financiación de los más relevantes programas públicos generalistas de ayuda financiera para paliar los efectos de la pandemia de la Covid-19 y han encontrado en los bonos sociales el instrumento más apropiado para canalizar la inversión privada.
El segundo pilar requiere del emisor unos procedimientos internos debidamente organizados, coordinados y gobernados. En la reciente actualización de 2021, se incorporan recomendaciones que van desde la conexión de esos procedimientos con la estrategia y/o otras políticas en el ámbito de la sostenibilidad social de la empresa hasta la mitigación de posibles riesgos o controversias en que los proyectos puedan incurrir.
El tercer pilar, constituye el concepto central de esta clase de financiación, la capacidad de gestionar los fondos recibidos, u otros equivalentes, para que puedan asignarse a los proyectos elegibles seleccionados.
Finalmente, el cuarto pilar, dota de transparencia e integridad a todo el proceso, mediante la publicidad de los reportes de asignación e impacto requeridos.
3. Operativa
Revisión externa e informes
La alineación de los proyectos a los Principios de los Bonos Sociales no supone una especial dificultad comparada con otro tipo de objetivos, como los medioambientales. La cantidad y diversidad de proyectos existentes facilitan la tarea de los revisores que evalúan su elegibilidad. En muchos casos, la naturaleza pública de una buena parte de los emisores supone un extra de confianza al estar sujetos al escrutinio de organismos jurisdiccionales o de control. Además, en muchos de estos casos, la posibilidad de agregación de grandes cantidades de pequeños proyectos o inversiones facilita la tarea de la administración de los fondos.
Las mayores dificultades sobrevienen a la hora de reportar los impactos producidos por los proyectos o inversiones. La ausencia de métricas o consenso sobre su idoneidad es uno de los grandes retos con los que se encuentran tanto los emisores como los inversores. La utilización de proxys es moneda corriente a la hora de reportar impactos. Y cuando esas métricas existen, aparecen las dificultades que suponen poder compararlas entre sí. ¿Qué tiene más impacto social: la creación de 250 viviendas asequibles para una comunidad de personas con discapacidad, la creación de un hospital con 50 camas para atender a una población rural desatendida o la financiación de PYMES que crean 100 puestos de trabajo en áreas económicamente deprimidas?
De momento son las estrategias y exigencias individuales de los inversores los que, en última instancia, toman esas decisiones. Los niveles actuales de crecimiento del mercado que hemos visto anteriormente sugieren una superioridad de la demanda sobre la oferta disponible, lo que muy probablemente facilita esa toma de decisiones.
Gobernanza
Hasta la publicación de los PBS en 2017, no había existido ningún organismo que explícitamente tuviera un mandato sobre esta nueva clase de activo.
La ICMA (Asociación Internacional del Mercado de Capitales) fue la encargada de crear un secretariado en 2015 con el objetivo de establecer una gobernanza a los Principios de los Bonos Verdes que los protegiera por un lado y que los acompañara en su evolución, con el máximo consenso de los participantes, por el otro. El objetivo era preservar la integridad del producto y crear un mercado que canalizara su escalabilidad.
Esos mismos términos se han utilizado para los Principios de los Bonos Sociales, que como en el caso anterior, ha sido fundamental para llegar a la situación actual. El comité ejecutivo que gobierna los PBV y los PBS, está compuesto por 24 miembros repartidos por igual entre inversores, emisores e intermediarios. Anualmente se renueva el 50 % de sus componentes en un proceso electoral ante todos los miembros de los PBV/PBS de ICMA. Están asesorados por un consejo consultivo formado por 40 miembros con un alto grado de diversificación tanto funcional como geográfica.
Desde sus orígenes, se estableció un grupo de trabajo que elaboró la guía de los bonos sociales en 2016 que, al año siguiente, en 2017, se convirtieron en los Principios de los Bonos Sociales. Otras aportaciones significativas de este grupo ha sido el documento de alto nivel que mapea los ODS con los diferentes tipos de bonos sostenibles, recientemente actualizado.
4. Regulación
El crecimiento de estos productos, que se basan en la transparencia de información interna, las revisiones voluntarias e independientes y el temor a ser acusado de malas prácticas en un tema tan especialmente sensible han ocurrido en ausencia de regulación. Este hecho es fundamental, puesto que los fundamentos de la regulación que está iniciándose provienen de los creados por el mercado y han permitido alcanzar la relevancia que este mercado disfruta en la actualidad.
Aunque es importante mencionar dos importantes normas que están influyendo decisivamente en el objetivo de movilizar capital para la consecución de los grandes objetivos internacionales.
1) Con el objetivo de elevar los niveles de transparencia se desarrolla la Directiva 2014/95/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera y sobre diversidad de determinadas empresas grandes. Es probablemente el documento legal más relevante en este ámbito de los últimos años y el punto de inflexión para el desarrollo regulatorio en el que actualmente está inmersa en la Unión Europea, bloque que está ejerciendo el liderazgo internacional en las finanzas sostenibles. Con una clara componente social (se reportan datos sobre diversos aspectos del empleo, respeto a derechos humanos, lucha contra la corrupción y otras relaciones con la sociedad), equipara la información financiera a la no financiera a nivel corporativo. Esta obligación de reportar abre definitivamente la puerta a la obtención de datos que permiten analizar el impacto de las compañías más allá de sus métricas económicas.
Con tan sólo 3 años desde su puesta en práctica, la Comisión Europea ha anunciado recientemente una nueva propuesta la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) que tendrá un objetivo más ambicioso en cuanto al alcance de las compañías obligadas a reportar que pasarían de unas 11.000 a más de 50.000 y en cuanto a la información que pasará a ser verificada por terceras partes.
2) La consecuencia directa del Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles lanzado en 2018 es la nueva regulación sobre difusión de información (EU) 2019/2088 de todos los productos financieros (sostenibles o no) que se ofrecen en la Unión Europea y que se extiende a sus gestores y asesores. La primera fase de su aplicación ha comenzado el pasado 10 de abril.
En esta misma línea la nueva Plataforma de la Finanzas Sostenibles, comisionada por la Comisión Europea, tiene entre otros mandatos la elaboración de una taxonomía social. Este mismo mes se ha avanzado el primer borrador de este documento y sus líneas maestras apuntan que, a falta de desarrollo científico en que basarse, sus fundamentos vendrán determinados por el cumplimiento de principios y normas reconocidas internacionalmente, explícitamente mencionan la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo, los ODS de Naciones Unidas, así como reconocidos estándares como el Pacto Global de Naciones Unidas, los Principios de Inversión Responsable y los Principios de los Bonos Sociales.
La taxonomía social pretende identificar una serie de objetivos sociales a los que las actividades deben contribuir sustancialmente asegurándose que no tienen efectos perversos sobre los productos ni sobre los procesos necesarios para su creación. Proponen tres categorías de objetivos:
- Mejoras del acceso a productos y servicios considerados necesidades básicas como el agua, la comida, la vivienda, la salud y la educación.
- Mejoras del acceso a la infraestructura económica básica como el transporte, las telecomunicaciones e internet, la energía limpia, la inclusión financiera y la gestión de desechos.
- Promoción de impacto positivo o gestión del impacto negativo sobre grupos de interés como asegurar condiciones de trabajo dignas, promover los intereses de los consumidores, capacitar comunidades sostenibles e inclusivas o planificar sistemas impositivos transparentes y no agresivos.
La propuesta definitiva de la Plataforma se espera para la segunda mitad del 2021 y, sin duda, será de gran interés para el desarrollo futuro de los bonos sociales.
5. Las cifras del mercado
El año 2020 ha sido el año del despegue en los volúmenes de bonos sociales emitidos, estimulados por las consecuencias que la pandemia del coronavirus ha provocado en una amplia mayoría de las economías del planeta.
Las necesidades de financiar los enormes daños sobre las compañías, los negocios y las personas han provocado la práctica paralización de amplios sectores de la economía y han desencadenado vastos programas de recuperación y resiliencia. Estos programas han encontrado en los bonos sociales el vehículo perfecto para canalizar la inversión privada hacia esas nuevas necesidades financieras. Con los datos que ofrece Bloomberg, gráfico 2, el total de emisión de Bonos Sociales en 2020 es de 120.400 millones de euros, triplicando el número total emitido hasta el 2019.
A esa cifra, podríamos añadir una buena parte de los 56.000 millones de euros emitidos en bonos sostenibles, que también duplicaron el pasado año la cifra emitida hasta la fecha. Los bonos sostenibles financian una combinación de proyectos sociales y medioambientales. Lamentablemente no hay cifras fiables sobre la proporción de cada categoría, si bien estimaciones conservadoras sitúan el componente social en dos tercios del total.
Gráfico 2
Fuente: Bloomberg
La actividad original se centra en emisores de tipo supranacional, que cuentan entre sus principales contenidos alcanzar objetivos sociales en muy variadas formas. Este goteo de operaciones va animando a las agencias nacionales primero, las entidades financieras después y las corporaciones en última instancia a sumarse al esfuerzo colectivo por canalizar capitales hacia estas inquietudes.
De especial significación y utilidad en esta crisis sanitaria ha sido la financiación del Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (instrumento SURE, por sus siglas en inglés) de la UE para canalizar hasta 100.000 millones de euros en ayuda financiera a los países miembros, y que ha utilizado los bonos sociales como instrumento para recabar los fondos.
En el caso de España, el ICO (Instituto de Crédito Oficial), pionero e impulsor de este mercado a nivel internacional, lanza su primera operación en el año 2015 previa al lanzamiento de los PBS. Con unas métricas basadas en las tablas input-output de la economía española, infiere los efectos que sobre la creación de empleo produce la financiación blanda en aquellas áreas economicamente más desfavorecidas del territorio.
En el ámbito privado, Kutxabank emitió el primer Bono Social ese mismo año.
6. Tendencias
La aparición de los Principios de los Prestamos ligados a la Sostenibilidad en 2019 y seguidamente el lanzamiento de los Principios de los Bonos ligados a la Sostenibilidad a mediados del 2020, abren la oportunidad a nuevos sectores de la economía a participar en esta corriente para poder demostrar sus compromisos con la sostenibilidad y en particular con los aspectos sociales que conlleva.
Bajo esta nueva tipología de productos, se están produciendo operaciones innovadoras como la realizada por Novartis el pasado mes de septiembre, donde inversores internacionales proporcionan los 1.850 millones de euros de su primera emisión de bonos en este formato. Novartis se beneficiará de un descuento en el tipo de interés sujeto a la consecución de dos objetivos: doblar la cobertura de diferentes enfermedades en países en desarrollo y elevar en un 50 % la cobertura de enfermedades como el Chagas, la malaria o la lepra.
Esperamos que esta sea la mayor vía de crecimiento, la cual permitirá seguir canalizando recursos financieros hacia compromisos sociales con un impacto predefinido y ambicioso.
Seguir trabajando sobre la elaboración de métricas que permitan avanzar en estandarización, en impacto, y algo que va a crecer en relevancia, el esfuerzo realizado para conseguirlo.
Este nuevo factor, puede ayudar mucho a resolver las encrucijadas en las que la información de tipo social se encuentra en la actualidad.
7. Conclusiones
Después del salto cualitativo que los bonos sociales han conseguido en el 2020, se abre un panorama distinto al que se atisbaba hace solo 12 meses. Los fundamentos son sólidos y las necesidades de financiar proyectos sociales se prevén sostenidas en los próximos años.
Esto debería acelerar los esfuerzos que estamos viendo por estandarizar las métricas y los reportes en la mayor medida posible. Esos factores, junto al estado avanzado del proyecto de taxonomía social en Europa, y el enorme impulso todavía en ebullición de las grandes bolsas de inversión internacional, permitirán dar un nuevo paso adelante al favorecer aquellos proyectos con mayor impacto para un retorno financiero dado e incrementar los incentivos que consoliden aún más el producto.
Sobre el autor
Julián Romero Zarco, Presidente del Observatorio español de la financiación sostenible – OFISO
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